Por Bernardo Moreno
Para explicarnos este polémico tema, entrevisté a un especialista, José Domingo Schievenini, Doctor en Historia por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Sus áreas de investigación se centran en la historia y políticas públicas sobre drogas. Ha publicado para revistas científicas como Social History of Alcohol and Drugs Journal publicado por The University of Chicago Press o en libros como Cannabis: Global Histories publicado por The MIT Press. Actualmente es Profesor-Investigador en la UAQ. Twitter: @DomSvn
BM: ¿Cuál es actualmente el estatus legal de la marihuana en México?
JDS: El presente del cannabis en México es complejo, dinámico e incierto. Es complejo porque se requiere de un análisis legal muy técnico para comprenderlo y porque existen presiones políticas y múltiples intereses económicos involucrados. Es dinámico porque, como mencioné en la respuesta anterior, desde el 2015 se han abierto grietas en el régimen de prohibición y se han acelerado avances, los cuales eran impensables hace una década. ¿Qué avances? Bueno, por un lado se ha habilitado la posibilidad real de una regulación estatal similar a la de Canadá, Uruguay y varios estados de USA; y por el otro se logró la permisión del uso medicinal, el cual es regulado por leyes federales desde enero de 2020, requiriendo de prescripción médica para poder adquirir un catálogo (aún muy limitado) de medicamentos aprobados por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Pero el actual estatus del cannabis también es incierto, específicamente el uso lúdico o recreativo (que en el proceso legislativo se ha llamado “uso personal y adulto”). Es incierto porque en el 2019 la Suprema Corte —retomando el criterio del 2015 sobre el caso SMART— resolvió que el Estado mexicano no puede castigar al consumidor de cannabis. Ese castigo violenta directamente el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad: un derecho fundamental contemplado por tratados internacionales. Entonces, para proteger ese derecho, la Suprema Corte ordenó al Poder Legislativo borrar las leyes que castigan a los consumidores de cannabis y, más importante aún, ordenó elaborar una ley para regular su producción, comercio y consumo; esa legislación sería, efectivamente, similar a la que ya rige en Uruguay y Canadá (y en algunos estados de USA). Tras la orden de la Corte se presentaron 17 iniciativas de ley en el Senado y con base en ellas y miles de horas de asesoría y diálogo con especialistas, se elaboró el Reglamento Federal para la Regulación del Cannabis, de más de 400 artículos. En 2021 solamente faltaba un paso: que ese reglamento elaborado por los senadores fuera también aprobado por los diputados.
BM: ¿Y qué pasó con los diputados?
JDS: Hicieron modificaciones al Reglamento Federal para la Regulación del Cannabis. Y lo hicieron sin análisis científico, de un día para otro, estropeando el espíritu de las iniciativas de ley y las miles de horas de trabajo técnico que hubo en el Senado para la elaboración del proyecto. Entonces, cuando el proyecto de ley regresó a los senadores, estos ya no quisieron aprobarlo. Consideraron que las modificaciones lo estropearon todo. ¿Por qué los diputados le hicieron eso al proyecto? Para responder habría que hurgar en los tejemanejes propios de la política y en los intereses económicos. Como sea, la ley que regularía el cannabis en México está atorada y quedará congelada al menos hasta el próximo sexenio. Pero ante esta situación, la Suprema Corte, sorprendida ante lo que ocurrió en la cámara de diputados, emitió una “Declaratoria General de Inconstitucionalidad” para que entonces, a falta de una ley general, cualquier ciudadano pueda solicitar permiso a COFEPRIS para cultivar y consumir cannabis y para que se proteja efectivamente el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. Ya son cientos los casos que han solicitado permisos y pueden cultivar hasta cuatro plantas en sus hogares. Si bien eso es un avance, aún estamos lejos de una política pública eficiente que beneficie a todos.
BM: ¿Qué consecuencias hubiera traído la regulación nacional del cannabis?
JDS: Primero, los ciudadanos mexicanos podrían consumir productos cannábicos de calidad, regulados sanitariamente, y no marihuanas de dudosa procedencia, con plaguicidas y otros químicos, llenas de hongos al estar mal secadas y prensadas, y sin saber qué variedad de canabinoides se está consumiendo de acuerdo a las necesidades individuales. Segundo, la policía y el sistema penal podrían dedicarse a otras tareas, como perseguir y castigar la larga lista de delitos que verdaderamente están afectando a la sociedad mexicana. Tercero, se menguaría económicamente a la rama del crimen organizado que lucra con esta planta y esos beneficios económicos se traducirían en impuestos recabados por el gobierno. Cuarto, el Estado mexicano podría redireccionar sus esfuerzos a combatir problemas de drogas reales, como la epidemia de consumo de cristal (metanfetamina) que se ha triplicado en los últimos años, o a prevenir la ola de consumo de fentanilo que apenas comienza a crecer en México, pero que en tres o cuatro años podrá ser una epidemia tan letal como lo ha sido en USA en la última década.
