La crisis del agua en Monterrey: «Canario en la mina de carbón»

Por Kathleen Bohné 

Antes de llegar al tema de hoy, me gustaría hacer una pausa para reconocer un hito: seis meses de escribir este boletín. La primera iteración de The Mexpatriate llegó a la web en 2013 como un blog y me enseñó que escribir corto es más difícil que escribir largo, que la complejidad mexicana siempre humillará a los que tratan de capturarla, y que los plugins de WordPress son duendecillos demoníacos que rompen el sitio.

Cuando decidí volver a escribir sobre el panorama político y cultural de México en enero de este año, sentí que el formato de boletín informativo encajaba de forma natural. Mi experiencia como bloguero a menudo se sentía como dar un discurso a una sala vacía —quizás con algunas personas entrando por accidente— pero el boletín se siente personal, con la satisfacción de una misiva abierta y leída. Puede que sean pocos en este momento, pero quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por leer, por llegar a mí directamente y por compartir mi trabajo.

En un esfuerzo por entablar un diálogo con ustedes, les pido su opinión sobre los próximos contenidos de The Mexpatriate. Por favor, tómense un momento para responder y ayúdenme a llevar este boletín a lugares nuevos y emocionantes:

https://www.themexpatriate.com/p/la-semana-sunday-june-26

La crisis del agua en Monterrey: «El canario en la mina de carbón»

En Monterrey, Nuevo León —una metrópoli de 5 millones de habitantes, la segunda después de Ciudad de México en población y producción económica— se declaró el estado de emergencia en febrero de este año debido a la escasez de agua. Las escuelas públicas redujeron su horario y los ciudadanos han tenido que adaptarse a que se les corte el agua hasta 18 horas cada día, o en algunas zonas, durante días. Unos manifestantes bloquearon una de las principales carreteras exigiendo el acceso al agua: su barrio llevaba 10 días sin suministro municipal y tampoco habían llegado los camiones de reparto de agua. Las temperaturas diurnas alcanzan cerca de 40°C en esta época del año.

Este momento crítico al que se ha llegado en Monterrey ha sido previsto, pero la respuesta lamentablemente no se ha planificado. El gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, del partido Movimiento Ciudadano, de 34 años de edad, ha hecho lo que la mayoría de los políticos hacen cuando les cae una patata caliente en el regazo: tirársela al anterior en el cargo, en este caso, al tristemente célebre Jaime Rodríguez Calderón «El Bronco», recientemente detenido por malversación de fondos públicos. «Hace cuatro años que no llueve, y ‘El Bronco’ vació los embalses».

Presa La Boca, Nuevo León

El gobierno de García ha implementado el racionamiento y simultáneamente ha intentado aumentar el suministro cavando más pozos, con planes futuros para la construcción de otro embalse. Actualmente, la zona urbana se abastece de agua potable en tres grandes embalses, dos de los cuales contienen el 20 por ciento o menos de su capacidad. «En el caso de Monterrey, fue el desarrollo industrial el que creó la necesidad de más agua y las empresas las que se encargaron de gestionarla hasta 1977», explica un informe sobre la sequía urbana en Gatopardo. Primero fue el embalse de La Boca, construido en los años 50, luego el de Cerro Prieto en los 80 y el de El Cuchillo en 1994.

«Los racionamientos han sido criticados ya que sólo se imponen al uso doméstico, sin considerar la explotación por parte de las actividades industriales y agrícolas», señala un artículo de Nexos sobre la crisis. El 16 de junio, el gobernador decretó la clausura del matadero municipal que venía utilizando ilegalmente hasta 6.000 litros de agua potable al día. «Hay situaciones en las que, ya sea por su acción u omisión, las autoridades y las empresas provocan el desperdicio de agua potable en grandes volúmenes», según la doctora María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Comunidad (IMDEC) de Guadalajara. Por su parte, García se esforzó en subrayar en rueda de prensa que «hay agua para uso industrial, pero no para consumo humano».

Según la OMS, se requieren entre 50 y 100 litros diarios para satisfacer las necesidades esenciales de un ser humano, incluyendo la bebida y el saneamiento. En México, el uso medio per cápita es de 300 litros al día y en Estados Unidos llega a una media de 662 litros diarios. Por supuesto, esto no se distribuye por igual entre la población: en Monterrey, los residentes de la zona elegante de San Pedro utilizan un 301 por ciento más per cápita que la media municipal. El uso residencial, incluso cuando es excesivo, sigue siendo superado por la agricultura y la industria, que impulsan la economía de la ciudad como sede de importantes plantas manufactureras, que producen acero, cemento, cerveza, refrescos (¿Topo Chico, alguien?), y de ganaderías. Los fabricantes han mejorado la eficiencia de su uso del agua en algunos casos. Las cervecerías industriales solían utilizar hasta 10 litros de agua para hacer un litro de cerveza, pero hoy afirman que sólo utilizan 2,8 litros de agua por litro. La falta de regulación de la explotación de las aguas subterráneas permite un uso desproporcionado, y «exime a estas empresas de hacer los sacrificios que se piden a todos los demás… Aquí hay un problema de desigualdad tanto económica como política».

La crisis de Monterrey es un «canario en la mina de carbón», un atisbo de un escenario futuro distópico. Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el 30,4 por ciento de México sufre una sequía «de moderada a grave», con ocho Estados en la categoría «extrema».  Mientras que el cambio climático acelera estos patrones climáticos cíclicos, la extracción y administración miope del agua como recurso vital ha llevado a no satisfacer las necesidades de la población. En algunas zonas, el conflicto entre los intereses comerciales y los residentes ha llegado a un punto de ebullición. En 2020, los agricultores de Chihuahua tomaron el control de un embalse (La Boquilla) en el que CONAGUA había autorizado extracciones para enviarlas al norte, como parte de un tratado de 1944; en Puebla, hay una batalla en curso entre las comunidades indígenas que denuncian la explotación de su cuenca por parte de Bonafont, una empresa de agua embotellada propiedad de la gigantesca multinacional Danone. Y en Ciudad de México, los habitantes de zonas sedientas y pobres como Iztapalapa se han enfrentado violentamente por las «pipas» de reparto de agua.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) fue creada en 1989 como un organismo administrativo descentralizado para «proponer la política hidráulica… establecer los lineamientos… para administrar y regular las aguas nacionales y la infraestructura hidráulica». Pero la CONAGUA no tiene facultades de regulación, lo que significa que la extracción y distribución del agua recae mayormente en los gobiernos estatales y municipales. La administración del agua en Estados Unidos está igualmente descentralizada, con más de 152.000 sistemas independientes en todo el país y 14.700 plantas de tratamiento. Una diferencia destacada es que la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) sí tiene capacidad para hacer cumplir los requisitos de la Ley Federal de Agua Limpia y la Ley de Agua Potable. «México cuenta con 3.960 plantas de tratamiento de agua, de las cuales 2.500 no funcionan correctamente o han dejado de hacerlo por falta de recursos municipales», afirma el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (MORENA). «Esto significa que las aguas negras terminan en los cuerpos de agua (ríos y lagos) y por eso el 73 por ciento de los sistemas hidrológicos de México sufren de contaminación».

Al vivir en San Miguel de Allende, situado en una región árida rodeada de agricultura tanto a pequeña escala como industrial, la «crisis del agua» ha formado parte de la conversación local durante décadas. Las repercusiones de la excesiva explotación de las aguas subterráneas y la falta de supervisión son dolorosamente visibles. Según Caminos de Agua, una ONG local que aboga por el acceso al agua potable, aproximadamente el 85 por ciento del agua que se bombea del acuífero subterráneo de la región se destina a la agricultura, y el número de pozos perforados en el Estado pasó de 100 en la década de 1940 a más de 20.000 pozos en la actualidad. Una de las consecuencias es la contaminación por arsénico y flúor de origen natural, ya que los pozos tienen que excavarse cada vez a mayor profundidad (hasta 500 metros bajo tierra), lo que ha provocado un desastre de salud pública en algunas comunidades rurales.

«Enciendan sus velas, podrían venir buenas lluvias», sugirió un esperanzado Samuel García cuando la lluvia apareció en los pronósticos para Monterrey. Añade una oración por el buen gobierno, de paso.