Por Alejandro Angulo
Debido al abuso y desperdicio de agua en el estado de Nevada, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, donde viven unos 2.3 millones de personas, que es un árido valle, y en donde alrededor de 40 millones de turistas visitan sus enormes casinos y hoteles cada año —considerando que en Nevada sólo se puede usar menos del 2 por ciento del agua del resecado río Colorado— el estado tomó medidas drásticas, que van desde prohibir el riego de céspedes hasta limitar el tamaño de las piscinas de particulares.
Como parte de las medidas, se creó la Policía del Agua, que circula desde temprano en la mañana a la caza de aspersores rotos y mangueras con goteras. Esta Policía del Agua filma las infracciones antes de colocar una bandera en el jardín si se trata de una primera falta o de una multa para transgresores reincidentes.
De hecho, el principal mecanismo de actuación se basa en la denuncia ciudadana de los vecinos que desperdician el agua, lo que deriva en 20 a 50 visitas al día. Y se estima que para el 2027 estará prohibido regar el pasto o césped decorativo, excepto en residencias unifamiliares. Por otra parte, las autoridades de Las Vegas han creado incentivos económicos consistentes, ofreciendo tres dólares a los dueños por cada pie cuadrado (0.30m) de césped que remuevan y reemplacen por alternativas que requieran irrigación más eficiente. La política pública y el programa se han intentado imitar en otras ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Phoenix, pero ha resultado difícil de emular. En una evaluación de dicha política pública se ha considerado que “presupuestos reducidos y una habilidad limitada para ofrecer incentivos financieros en ciudades pequeñas pueden ser un impedimento en programas de conservación de agua”.
En México y en el estado de Querétaro se ha planteado una gestión eficiente de los recursos hídricos, lo cual requiere de un marco legislativo establecido a nivel nacional y estatal, que fije los principios de la gestión de los recursos hídricos y las normas que deben aplicarse a cualquier escala: cuenca, subcuenta, región o distrito urbano.
Estas normas sirven para definir las condiciones de utilización del agua, de explotación de los recursos, de condiciones de captación, de cumplimiento de las concesiones, de vertido de las aguas contaminadas, los procedimientos de obtención de autorizaciones para cualquier acción que tenga un impacto sobre los medios acuáticos como las aguas superficiales o subterráneas y las zonas húmedas, los procedimientos de planificación de la gestión de los recursos hídricos y los procedimientos de control de la aplicación del marco reglamentario; si bien en México y en Querétaro existe un sistema de inspección cuya misión general es garantizar el control y la vigilancia del cumplimiento de las normas. No obstante, ha sido insuficiente de acuerdo a la experiencia que demuestra que el progreso en la gestión y el estado (cualitativo, cuantitativo y ecológico) de los recursos hídricos dependen de la existencia, observancia y el buen funcionamiento de un sistema.
Entonces, ¿qué aportaría una policía del agua?, a diferencia de un esquema de inspección como el que ya se tiene.
Pues bien, en casos como sucede en la Ciudad de México en donde existe el robo de agua y el control de pozos por la delincuencia organizada, es claro que el sistema de inspección está rebasado, y ello justificaría la existencia de la policía del agua. Por otra parte, hay que considerar que el sistema de inspección no realiza rondas de vigilancia diarias y en diversos horarios, lo cual sí podría realizar la policía del agua.
Un sistema de monitoreo y vigilancia permanente contribuye a disuadir conductas ilegales y, cuando se trata de conductas hídricas contrarias a la normatividad en la materia, sería muy adecuado contar con una policía del agua, que impusiera infracciones, tal como sucede en la vía pública con los autos estacionados en lugares no permitidos.
Ya desde hace un par de años, se ha contemplado en la CONAGUA la creación de una policía del agua, la cual tendría entre sus principales funciones: vigilar la seguridad física de la infraestructura hidráulica, apoyar en emergencias por fenómenos climatológicos y participar activamente en planes de emergencia regionales. Lo cual se queda corto y no logra atender lo principal.
Pero tal como lo expusimos en un principio, la autoridad en la ciudad de Las Vegas arribó a esta medida, debido al fenómeno de la escasez de agua en sus cuerpos de almacenamiento o fuentes de agua, es decir, a la crisis hídrica y la reducción del volumen de agua en los distintos usos a fin de lograr una cierta disponibilidad para todos. Por ello, quizás en México y en Querétaro aún hay tiempo, antes de pensar en crear la policía del agua.
Por su parte, en España, la policía del agua se encarga de controlar la contaminación, las extracciones ilegales y la usurpación de los cauces públicos.
Ciertos enfoques señalan que en la organización general de las policía de aguas debe aplicarse el principio de subsidiariedad: si bien el marco nacional es necesario, sobre todo para garantizar que todos los ciudadanos reciban el mismo trato ante la ley, las decisiones relativas a la aplicación de las policía de aguas (autorizaciones, multas, etc.) deben tomarse a un nivel descentralizado, es decir, bajo la responsabilidad de los servicios estatales locales, lo más cerca posible del lugar donde se desarrolla la actividad que requiere vigilancia.
Hay diversas concepciones al respecto, por ejemplo en Francia, la policía especial, conocida como Policía de Aguas, está formada por una policía administrativa bajo la autoridad del prefecto del departamento (Ministerio del Interior) y una policía judicial bajo la autoridad del fiscal (Ministerio de Justicia). La oficina francesa de la biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) proporciona apoyo operativo y técnico a estas dos autoridades, en particular a través de las competencias de sus inspectores medioambientales. Y a nivel nacional, la policía de aguas depende del Ministerio de Medio Ambiente (oficina francesa de la biodiversidad) y se aplica a nivel regional y local a través de las direcciones regionales y departamentales.
Tomado en cuenta estas consideraciones, entonces cabría más la posibilidad de contar con una policía ambiental que cumpliera también con vigilar y sancionar los aspectos hídricos.
